El Hospital Clínico Félix Bulnes de Cerro Navia arrastra un historial de negligencias médicas que se remonta décadas, intensificándose tras su traslado a la comuna en 2020. Muertes maternas, esperas letales en urgencias, discriminación a pacientes vulnerables y violencia obstétrica configuran un patrón sistemático de fallas que ha costado vidas y dejado familias destrozadas.
Muertes obstétricas: patrón recurrente desde 2009
En julio de 2009, dos mujeres murieron tras cesáreas por «error humano» en la rotulación de medicamentos, con cuatro pacientes más graves por hemorragias excesivas el mismo día. Una tenía 17 años con hipertensión severa; la otra, 44 con diabetes gestacional. Una enfermera fue despedida y se suspendieron cirugías, iniciando auditoría que determinó falta de protocolos institucionales.
En 2019, la Corte de Santiago condenó al hospital a pagar $200 millones por la muerte de Daniela Alvarado durante embarazo de alto riesgo, citando «manejo negligente de ficha clínica», traslado injustificado pese a hemorragia profusa y ausencia de protocolos UCI pese a disponibilidad de recursos. Otro fallo de 2018 ordenó $90 millones de indemnización a padres de bebé fallecido por no hospitalizar a madre con exceso de líquido amniótico.
En Noviembre de 2025, Patricia Miranda (embarazada de 24 semanas) y su hija Ema fallecieron tras ser enviadas a casa en primera consulta, caso que generó indignación nacional y pedidos de investigación al Servicio Médico Legal.
Discriminación y muerte de paciente con síndrome de Down
Oscar, joven con síndrome de Down de Renca, falleció el 26 de mayo de 2020 en plena pandemia tras días de espera sin atención intensiva adecuada. Su familia denuncia que otros pacientes ingresaban mientras él permanecía sin pasar a cuidados críticos: «Mi hermano llegaba ya llevaba más de tres días y él no pasaba y los demás que llegaban sí pasaban». Fue conectado a oxígeno al 100% pero nunca a ventilador mecánico, falleciendo horas después de ingresar a UCI. El hospital inició auditoría interna sin divulgar resultados públicos.
Adulto mayor muere en la calle tras espera por exámenes
En mayo de 2025, un hombre de 63 años falleció en la vía pública frente al hospital después de esperar horas los resultados de exámenes tras ser derivado desde el Cesfam Garín a las 7:30 AM. El hospital afirma que «hizo abandono voluntario», pero su familia denuncia negligencia por no supervisar a paciente vulnerable. Testimonios anónimos en redes relatan casos similares de adultos mayores esperando más de 12 horas sin atención.
Violencia obstétrica y medicamentos que causan discapacidad
En mayo de 2025, Fernanda llegó al Félix Bulnes con contracciones pero sin dilatar adecuadamente, enfrentando invalidación de su dolor por personal médico en episodio documentado como violencia obstétrica.
En 2011, Patricia Corvalán denunció que medicamentos mal recetados para depresión bipolar le causaron Distonía Generalizada severa, perdiendo 75% de su capacidad física. Pese a presentar síntomas motores tempranos, médicos insistieron que era «problema psicológico» y mantuvieron fármacos que causan distonía según prospectos. El tratamiento con Bótox cuesta $4 millones mensuales sin cobertura estatal.
Muerte de embarazada haitiana tras alta médica injustificada
Rebeca Pierre, embarazada haitiana de nueve semanas con falla cardíaca, fue derivada del consultorio Steeger al Félix Bulnes en 2019, dada de alta y falleció en un paradero de Cerro Navia. El director del hospital justificó que «no tenemos servicio de urgencia para adultos» en ese momento, evidenciando vacíos críticos en cobertura.
Fallas estructurales y sobrecarga crónica
Trabajadores denuncian desde 2020 inundaciones, ascensores defectuosos, filtraciones de aguas servidas en salas de pacientes y demoras de horas en reparaciones por dependencia de concesionaria SCMS. Durante la pandemia de 2021, urgencias operaron sin camas críticas ni ventiladores, obligando a hospitalizar en sillas y trasladar pacientes. El índice ocupacional superó 94% con sobrecarga sistemática que genera condiciones para errores médicos.
La crisis persiste: Las familias exigen investigaciones transparentes, sanciones efectivas contra responsables y fin del modelo de concesión privada que prioriza ganancias sobre vidas humanas.