El nuevo pulso por la semilla tradicional en Chile
Frente a las recientes exigencias del SAG y la agenda de formalización del Ejecutivo, guardadoras y comunidades campesinas defienden el libre intercambio ancestral frente a las lógicas del mercado agroindustrial.
Por: Equipo de Investigación Territorial Santiago, Chile — Julio, 2026
La cocina de una huerta comunitaria huele a tierra húmeda y a porotos secos desgranados a mano. Sobre una mesa de madera se despliegan decenas de pocillos de greda con semillas de maíces de colores, trigos antiguos y legumbres que no conocen de códigos de barra ni etiquetas de laboratorio. Es el corazón de la soberanía alimentaria, un espacio que hoy se siente bajo asedio.
Lo que por generaciones ha sido un acto cotidiano y solidario —guardar la mejor parte de la cosecha para sembrarla el año siguiente o trocarla con la vecina— enfrenta un escenario regulatorio sin precedentes. La tensión histórica entre la concentración agroindustrial y la agricultura familiar ha entrado en una fase crítica este segundo semestre de 2026.
La ofensiva del SAG: ¿Regulación sanitaria o barrera comercial?
El punto de inflexión que mantiene en alerta a las organizaciones socioambientales es el reciente proyecto de resolución abierto a consulta pública por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La normativa busca regularizar la comercialización de la denominada «semilla corriente» —aquella que circula fuera de los estrictos y costosos canales de la certificación oficial—.
El argumento desde los salones gubernamentales apunta a la modernización, el resguardo fitosanitario y la necesidad de evitar la propagación de plagas que pongan en riesgo la competitividad exportadora del país. Sin embargo, para agrupaciones como la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile) y ANAMURI, el diablo está en los detalles de la redacción.
Al asimilar el trueque comunitario y el intercambio local bajo la categoría jurídica de «actividad comercial», la resolución impone exigencias de envasado, etiquetado y análisis de laboratorio que la agricultura campesina simplemente no puede costear.
«Nos piden que midamos la tasa de germinación en laboratorios privados y que inscribamos nuestras variedades tradicionales en la Lista de Variedades Oficialmente Descritas (LVOD). Eso no es proteger la agricultura; es ponerle un candado burocrático a la biodiversidad para que solo las grandes empresas puedan registrar y vender», explica una dirigenta local de la Región del Ñuble.
La posición del Ejecutivo: Certeza jurídica y libre mercado
Desde el Palacio de La Moneda, la administración del presidente José Antonio Kast ha trazado una línea clara desde su instalación en marzo: formalización, ordenamiento económico y garantías para la inversión privada.
Para la actual conducción del Ministerio de Agricultura, el desorden en el mercado de semillas corrientes genera una competencia desleal y desprotege los derechos de propiedad intelectual de los obtentores vegetales (los desarrolladores de variedades híbridas o modificadas). La postura oficial defiende que una base de datos centralizada y un control estricto de la pureza física de los cultivos es el único camino para garantizar la «genuidad» de los alimentos que llegan a la mesa de los chilenos y a los mercados internacionales.
Esta visión choca de frente con los tratados internacionales de derechos humanos. Los movimientos sociales argumentan que la obligatoriedad de estos registros vulnera flagrantemente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, la cual consagra el derecho inalienable a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas.
El modelo en disputa: Dos visiones de la tierra
La controversia actual no es meramente técnica; refleja una profunda fractura ideológica sobre cómo se entiende el desarrollo rural en Chile:
- El enfoque corporativo-estatal: Concibe la semilla como un insumo tecnológico, un bien transable que debe estandarizarse para maximizar el rendimiento, resistir largas cadenas de transporte y asegurar la rentabilidad del paquete tecnológico (fertilizantes y pesticidas asociados).
- El enfoque comunitario ancestral: Entiende la semilla como un patrimonio colectivo de los pueblos. Espacios como el Trafkintún (la ceremonia mapuche de intercambio de saberes y plantas) operan bajo la lógica de la reciprocidad complementaria, donde el dinero no tiene valor y la diversidad es la mejor defensa frente a la crisis climática.
El factor climático: El valor de la memoria genética
En medio de una persistente crisis hídrica que golpea las napas subterráneas y los valles de la zona central, el rescate de las variedades nativas adquiere tintes de supervivencia.
Las semillas tradicionales han coevolucionado con el suelo y el clima de sus territorios durante siglos. Saben sobrevivir con menos agua y resistir las plagas locales sin depender de aplicaciones intensivas de agroquímicos. Al intentar cercar su circulación mediante decretos y fiscalizaciones, advierten los expertos ecologistas, el Estado chileno arriesga perder un banco genético vivo e irreemplazable, justo cuando el clima exige mayor flexibilidad y resiliencia.
El debate de la consulta pública del SAG sigue abierto, pero en las huertas del Chile profundo la decisión ya está tomada: las semillas seguirán guardándose en frascos de vidrio, transitando de mano en mano en cada primavera, resistiendo en silencio bajo la tierra.
